Los jueces del Fuero Civil y Comercial no pueden ser
objetivos por haber sido sobornados por la corporación mediática.
El Grupo Clarín, el mayor
conglomerado mediático de Argentina, disputa un nuevo 'round' en su pelea
judicial para lograr la inconstitucional la ley que lo obliga a desprenderse de
parte de las licencias de radio y televisión que posee la compañía.
El grupo empresarial afirma
que la decisión del Gobierno se basa en el deseo de coartar la libertad de
prensa en el país, y además reclama las eventuales pérdidas económicas que va a
sufrir si la Ley de Medios entra en vigencia, ya que lo obliga a desprenderse
de varias de sus licencias.
Ese planteamiento económico hace que la causa sea tratada por el Fuero Civil y Comercial de Argentina, que ha sido hasta ahora favorable a las pretensiones de la corporación. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat cree que se trata de una estrategia premeditada del poderoso grupo que tiene una fuerte influencia en los magistrados de esta corte.
“El hecho de haber involucrado
el presunto reclamo económico justifica la indebida competencia del Fuero Civil
y Comercial federal, porque una causa parecida debe lógicamente recaer en la
competencia del Fuero Administrativo”, afirma el abogado, haciendo hincapié en
la "absurdidad" de evaluación de presuntos perjuicios financieros de
una ley que ni siquiera está vigente aún. Pero son precisamente los jueces
civiles y comerciales los que están bajo la influencia del Grupo Clarín por
haber gozado "de viajes a sus expensas" y otros sobornos, subraya
Barcesat. Por eso la corporación espera de su parte una decisión favorable a
sus intereses, ya que son "susceptibles y débiles frente a esta presión
empresarial".
La misma presidenta de
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha puesto en tela de juicio la
objetividad del Fuero, que es sospechoso de mantener fuertes vínculos con la
compañía. Sin embargo, este tribunal sigue ocupándose de la causa por
cuestiones formales.
Este proceso de apelación es
el último paso antes de que el expediente llegue a manos de la Corte Suprema,
la máxima autoridad judicial del país cuya decisión respecto al caso va a ser
inapelable para ambas partes.
La Ley de Medios fue aprobada
hace más de tres años por mayoría en el Parlamento argentino, aunque su entrada
en vigor se ve demorada precisamente por las demandas del Grupo Clarín, que es
el más afectado por la nueva ley por ser también el que más excede el número de
licencias permitidas.
Fuente RT
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